Investigan 263 contrataciones realizadadas por el PP en el Ayuntamiento de Marbella

La oposición ha levantado la liebre sobre posibles irregularidades en torno a las 263 contrataciones de personal que el equipo de Gobierno del PP ha llevado a cabo en su primer año de gestión.
Los socialistas "sospechan" que el gobierno de la regidora Ángeles Muñoz "ha incumplido" los principios básicos de las contrataciones públicas "para beneficiar a personas afines al PP, perjudicando así a los ciudadanos que quieren optar a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento".
Personas afines al PP podrían haberse beneficiado de acceder a un empleo en el Consistorio
Asimismo, la portavoz del PSOE, Susana Radío, sostiene que entre los nuevos contratos realizados, haya varios técnicos, coordinadores y asesores con salarios que rozan los 4.000 euros mensuales.
Además de los 25 cargos de confianza, "algunos de los cuales tienen sueldos de 113.000 euros al año", recuerda Radío.
"Parece que el plan de austeridad del PP se aplica a todo el mundo menos a sus colaboradores", ha reprochado la portavoz socialista.
Desde la oposición no entienden porqué con una plantilla de 3.500 trabajadores, que supone el 71% del Presupuesto total del Ayuntamiento (136 millones de euros) y con una deuda que supera los 500 millones de euros, "se empeña en realizar nuevas contrataciones".
Por ello, a fin de salir de dudas, han solicitado al Gobierno de Muñoz, información sobre las pruebas selectivas realizadas y los requisitos establecidos para la incorporación de estas personas a la plantilla municipal.

Hidalgo: "El destino era un almacén, pero se convirtió sin yo saberlo en una vivienda"

PALMA DE MALLORCA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará hoy a partir de las 09.30 horas el primer juicio por una de las piezas del caso Andratx, concretamente la número 56 referida a la construcción presuntamente ilegal del chalet del ex alcalde de la localidad, Eugenio Hidalgo, y por la que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares solicita seis años de prisión para el ex primer edil por un delito de falsedad.
La primera de las jornadas judiciales se iniciará hoy y está previsto que se prolongue mañana y el miércoles, aunque no se descarta que se alargue hasta el final de la semana.
La pieza ha correspondido al Juzgado de Instrucción número 12 y en ella la Fiscalía acusa a Hidalgo de los delitos de falsedad, prevaricación urbanística y delito contra la ordenación del territorio. En el escrito de acusación, el Ministerio Público solicitaba seis años de prisión por falsedad, así como una multa de 100 euros durante 20 meses y la inhabilitación especial para un cargo público en la administración por un tiempo de seis años.
En la causa, también se acusa al ex celador de Obras municipal, Jaume Gibert, de los delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio, por los que se piden seis años de prisión e inhabilitación especial para cargo público, mientras que al ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, se le acusa de un delito de prevaricación urbanística por el que el fiscal solicita dos años de prisión e inhabilitación especial para cargo público por un periodo de diez años.
En el escrito de acusación también se imputa al letrado del Ayuntamiento, José Ignacio Mir, de un delito de prevaricación urbanística, por el que se solicita una pena de un año de prisión e inhabilitación especial para cargo público por un periodo de diez años.
Está previsto que durante el juicio testifique Gabriel Cañellas Rotger, ingeniero agrónomo e hijo del ex presidente del Govern Gabriel Cañellas, varios agentes de la Guardia Civil del Seprona, la concejal de UM en el Ayuntamiento de Andratx, Isabel Alemany, y la arquitecta Cinta Moyá, entre otras de las personas que serán citadas a declarar.
ANTECEDENTES
Según reza el escrito de acusación, el ex primer edil era propietario de la finca ubicada en la parcela 67 del polígono siete del término municipal de Andratx, que cuenta con una superficie de 3.035 m2 y que está clasificada como Área Rústica de Interés Paisajístico (zona ARIP).
Así, según el fiscal, dado el nivel de protección legal vigente y su superficie "era imposible legalmente" autorizar la construcción en dicha parcela de una vivienda unifamiliar aislada, puesto que con anterioridad "únicamente existía una alberca y una pequeña caseta de herramientas y aperos".
Según la Fiscalía, pese a esta imposibilidad legal, Hidalgo solicitó al Ayuntamiento de Andratx el 14 de febrero de 2003 una licencia de obra mayor para la ampliación de un almacén agrícola inexistente y presentó también, junto a la solicitud de licencia, un proyecto de ampliación de almacén agrícola firmado por el ingeniero agrónomo Gabriel Cañellas --también imputado en otras piezas del sumario-- en el cual se proyectaba la construcción de una nave agrícola en dicha parcela.
Así, según el Ministerio Público, el cinco de mayo de 2003 el celador municipal "previamente aleccionado y convencido por Hidalgo" emitió una certificación en el expediente municipal de concesión de licencia, "donde afirmó falsamente que existía un almacén agrícola y que tenía una antigüedad superior a los 50 años". Además, Gibert presentó junto al informe una fotografía en blanco y negro "y de mala calidad" en la que únicamente se reflejaban la alberca y la caseta de aperos.
Según el fiscal, al día siguiente, Massot, que en aquel entonces era Jefe del Área de Urbanismo, emitió un informe favorable a la licencia de ampliación solicitada "cuando ni en la fotografía incorporada al expediente, ni en el historial registral de la finca aparecía almacén o nave agrícola alguna", según el escrito de acusación.
Tras la Comisión de Gobierno Municipal donde se concedió la licencia, Hidalgo procedió a la construcción de una vivienda unifamiliar de nueva planta y un edificio destinado a cuadras en zona rústica protegida. Para realizar la construcción, la Fiscalía asegura que se demolieron por entero los restos de la caseta de aperos existente.
El Juzgado ha divido el caso en 67 piezas, relacionadas con los presuntos delitos urbanísticos, mientras que los principales acusados han declarado ya por las piezas relacionadas con la construcción presuntamente irregular de chalets plurifamiliares en el Port d'Andratx y por la construcción del restaurante del hermano del ex primer edil.
Esta es la primera pieza que quedó vista para la celebración de juicio en la Audiencia y forma parte de las 67 totales en las que se divide el sumario del caso, que dará lugar a numerosos juicios que se prolongarán seguramente durante varios años, ya que la Audiencia descartó la celebración de un macrojuicio por la causa, que permanece abierta desde noviembre de 2006.

De Santos ante las posibles relaciones con menores: "No les pedí el DNI"

Rodrigo de Santos no descarta haber mantenido relaciones con menores de edad durante los últimos años ni tampoco haberlas sufragado con la tarjeta de crédito municipal, según asegura hoy el diario El Mundo .
El ex teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca ya estaría preparando su defensa en este sentido y, tal y como ha admitido a su entorno más cercano, el ex edil del PP no se encuentra capacitado para negar con total rotundidad que algunos de los servicios sexuales que abonó con cargo al erario público tuvieran como objeto relaciones mantenidas con menores de 18 años.
No obstante, ésta podría haber sido, según señala el diario, una de las primeras cuestiones que abordó con sus abogados tras estallar el escándalo . "Si algunos de los chicos o chicas eran menores nadie me lo advirtió y no les pedí el DNI. Por lo tanto, la responsabilidad no sería mía sino de quien no me lo dijo", ha explicado De Santos a algunos de los miembros de su círculo de amistades en Mallorca tras revelar el Diario de Mallorca que el Ministerio Público de las Islas está investigando en estos momentos dicho extremo, que de confirmarse engordaría todavía más la vertiente penal del escándalo.
En declaraciones a El Mundo, el abogado de ex edil popular, Bartomeu Vidal, ha señalado que la conducta de su cliente en ningún momento se ha caracterizado por la "búsqueda del menor" y que en el caso de que se determinase que alguno de los servicios sexuales habían sido prestados por ellos lo hizo siempre sin ser consciente de su edad real.
De Santos está siendo tratado de su adicción a las drogas en un clínica madrileña y en el proceso judicial tanto su defensa como la juez instructora Ana San José se encuentran a la espera de que el fiscal pida alguna diligencia complementaria.

Condenan a Entrena a sólo un año de suspensión y a abonar 103.000 euros a José Campoy por mantenerle un año en prisión siendo inocente

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a la que fuera titular del Juzgado de lo Penal de Motril (Granada) Adelina Entrena a la pena de un año de suspensión de empleo o cargo público que implique el desempeño de sus funciones judiciales y a que abone a José Campoy, el preso que permaneció más de un año en prisión pese a ser absuelto, 103.000 euros por los perjuicios sufridos.

Según la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, la juez, expulsada de la carrera por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es autora de un delito contra la libertad individual de las personas, cometido por funcionario público, mediando imprudencia grave.

Campoy, que estuvo indebidamente privado de libertad por la "desatención" de la juez respecto a sus obligaciones 455 días, si bien 180 le han sido abonados para el cumplimiento de otra ejecutoria, sufre "grave e importantes secuelas" derivadas en parte por la "incomprensión, impotencia y desesperanza" de verse privado de libertad pese al dictado de una sentencia absolutoria.

Los empresarios de las atracciones de la Feria de Sevilla podrían haber fijado ilegalmente sus precios

La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía está investigando un posible acuerdo de precios en las atracciones de la Feria de Sevilla, que se celebra del 7 al 13 de abril.Según ha informado la Consejería de Economía en un comunicado, Competencia ha iniciado un proceso de información de carácter preliminar bajo la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas en las atracciones mecánicas de la Feria consistentes en un acuerdo de precios, tras la publicación en los medios de comunicación de que "los precios se habrían marcado por los dueños de las atracciones después de una puesta en común para no incurrir en competencias".Este procedimiento de información supone "un paso previo en el proceso de investigación de una supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzga el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas, sin perjuicio de que en el supuesto de acreditarse algún indicio se procedería a la incoación del correspondiente expediente sancionar", ha advertido.Se trata de una de las primeras actuaciones de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía que inició su actividad el 17 de marzo de 2008.

El fiscal jefe de Lugo cree "poco probable" que se celebre en 2008 el juicio por fraude en obras de la Diputación

(EUROPA PRESS) - El fiscal jefe de Lugo, Jacinto Fernández Vilalvilla, aseguró hoy que ve "poco probable" que este año se celebre el juicio por la 'Operación Muralla', en relación con un supuesto fraude en expedientes de obras de la Diputación luguesa por la adjudicación de direcciones de obra.
Así, casi dos años después del inicio de la operación, el fiscal Vilalvilla manifestó que ve "poco probable" que se celebre el juicio este año porque "todavía no se han practicado las diligencias interesadas".
No obstante, admitió que "lo deseable" sería "la terminación lo más pronto posible del procedimiento" y aclaró que la Fiscalía está pendiente del "resultado" de unas pruebas periciales sobre contabilidad.
Esta operación comenzó en mayo de 2006, con la entrada del anterior fiscal Jesús Izaguirre en la Diputación de Lugo escoltado por agentes de la Policía Nacional para el registro de las dependencias provinciales.
Cinco funcionarios provinciales se encuentran imputadas por lo delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.

Sindicato denuncia el desmantelamiento del Hospital Virgen de la Torre para abastecer al Infanta Leonor

El Sindicato Asambleario de Sanidad de la Comunidad de Madrid denunció hoy el continuo desmantelamiento del Hospital público Virgen de la Torre que se está llevando a cabo para abastecer de material al centro hospitalario recién inaugurado Infanta Leonor.
Según el sindicato, la apertura "de los nuevos hospitales privados se está llevando a cabo desmantelando los antiguos". En concreto, señaló que en el caso del centro Virgen de la Torre, el traslado del material se está haciendo de noche y aseguró que hay demostraciones gráficas de la situación obtenidas por la Plataforma en Defensa del Hospital Virgen.
Estas fotografías muestran cómo en menos de un mes "se han llevado y se van a seguir llevando al hospital privado Infanta Leonor todo lo que puedan", indicó el Sindicato, como mesas y material de quirófano, instrumental, artroscopias, microscopias, biómetros, fibroscopios, medicación, entre otras cosas.
Asimismo, apuntó que ya están cerradas dos plantas del antiguo hospital, seis quirófanos, y una unidad de Endoscopias y Consultas. "Esto es un atraco a la Sanidad pública", apostilló.