El Senado se gastará dos millones de euros en dotar de móviles nuevos a sus señorías

El Senado adjudicará en septiembre un concurso de servicios de telefonía móvil con un presupuesto base de 2.045.858 euros, que asegura que sus señorías estarán a la última en lo que a comunicaciones se refiere. El concurso del Senado, cuyo plazo de ejecución es de dos años, coincide con otro similar del Congreso de los Diputados, en el que se renovarán los servicios de telefonía móvil fija y otras comunicaciones, con un presupuesto notablemente inferior: 1,5 millones de euros.

La Cámara Alta pretende adquirir 725 terminales, de los que 300 unidades serán de gama alta con prestaciones PDA (acceso al correo electrónico, agenda, contactos y navegación por Internet) y sus correspondientes accesorios, entre los que se incluyen auriculares, cable de conexión al PC, una tarjeta de memoria de cuatro gigas y un kit de coche para que los senadores puedan hablar mientras conducen y carguen el móvil en la clavija del mechero si lo precisan. Las 425 unidades restantes deberán ser aparatos básicos para uso claramente telefónico, que pesen poco y tengan baterías de larga duración.

En la actualidad el Senado dispone de 237 líneas móviles operativas, que pretende convertir en 425, con tarjetas SIM para voz y datos para instalar en otros tantos terminales, y contratará otras 300 líneas de datos GSM/3G/UMTS con tarjeta SIM para instalar en los ordenadores portátiles de los que disponen los senadores. Y como la Cámara está en todo, exige que el adjudicatario asegure un stock de terminales del 5% con sus tarjetas correspondientes para permitir la sustitución rápida o la activación de nuevas líneas.

Para hacernos una idea de lo que hablan los senadores -factura que pagamos todos los españoles-, el Senado ha estimado que a través de sus 237 móviles se han mantenido conversaciones el pasado año durante más de 1.155.000 minutos, entre llamadas a fijos, móviles y hasta por el uso de la información telefónica.

El Senado, obviamente, no está en crisis, y menos si se compara con la Cámara Baja, cuyo presupuesto de gasto es inferior en medio millón de euros, y no sólo para telefonía móvil sino para comunicaciones fijas y de datos. El Congreso prevé en telefonía móvil que estarán activas no menos de 400 líneas. Por si sirve de comparación, los datos anuales de tráfico telefónico en móviles alcanza la friolera de 6,6 millones de minutos.

Socialistas de Estepona dieron pistas para investigar el 'Astapa' y avisaron al PSOE

Los ediles David Valadez y Cristina Alarcón comunicaron irregularidades a la dirección provincial socialista en el anterior mandato, según fuentes de este órgano. El partido prefirió no actuar, aunque se desconoce la versión de la entonces secretaria provincial, Marisa Bustinduy. Entre Valadez y el alcalde, Barrientos, había divergencias

Se habían cansado de las supuestas irregularidades del equipo de gobierno municipal de Estepona (Málaga). Dos personas afiliadas al PSOE ayudaron a los investigadores en las presuntas ilegalidades que se estaban cometiendo en los últimos años en el Ayuntamiento y han motivado la operación Astapa . Son compañeros de los concejales socialistas detenidos.

Estos afiliados denunciaron el caso en 2006 , según publica hoy La Opinión de Málaga.

Los ediles David Valadez, entonces portavoz socialista, y Cristina Alarcón informaron a la dirección del PSOE, según fuentes consultadas por Málaga hoy afirman que

Presentaron diversa documentación sobre supuestas anomalías cometidas por el regidor esteponero, Antonio Barrientos (PSOE, ahora detenido ) ante la secretaria provincial socialista, Marisa Bustinduy, y otros miembros de la Ejecutiva.

La reacción fue nula, aunque se desconoce la versión de Bustinduy. Según fuentes de la dirección provincial socialista, se expuso a Valadez y Alarcón que las expectativas «eran muy buenas en Estepona» y no se debía destapar el asunto.

En una de estas reuniones también estuvieron Barrientos y varios de los ediles que han sido detenidos en Astapa, así como numerosos miembros de la dirección local socialista.

Reacciones en el PSOE

Otro de los participantes en dichos encuentros, el presidente del PSOE en la provincia, Juan Paniagua, negó conocer las denuncias presentadas por los dos ediles de Estepona.

Sí admitió la celebración de reuniones internas para aclarar la crisis del partido en Estepona debido al enfrentamiento entre Barrientos y Valadez.

El comité provincial del PSOE se reunió el miércoles por la tarde con los ediles que no han sido detenidos para analizar la situación creada tras el estallido de la operación, según fuentes citadas en Málaga hoy.

20MINUTOS.ES. 19.06.2008

El Álamo cede un colegio construido con dinero público a una empresa privada

El Ayuntamiento de El Álamo acaba de adjudicar la explotación del colegio público Miguel Ángel Blanco a la empresa privada Grupo Educativo, según acaba de hacer público el sindicato CC OO.
Pagarán 75.000 euros mensuales los dos primeros años y 50.000 anuales el resto
En este centro construido por la Comunidad de Madrid era público hasta hace dos semanas. En él dan clase 66 niños. El año que viene estos alumnos seguirán en el mismo centro, que funcionará como concertado.
CC OO denuncia que la adjudicataria del colegio de El Álamo es una empresa "sin ninguna experiencia en el ámbito de la enseñanza reglada". Grupo Educativo se dedica a la organización de actividades de ocio y tiempo libre en escuelas de la comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento cede este colegio para poder solventar su deuda municipal. La cesión a Grupo Educativo es por 50 años. Los dos primeros años deberán pagar 75.000 mensuales y el resto del tiempo 50.000 anuales.

Un escándalo de corrupción amenaza con salpicar al Vaticano

El último escándalo de corrupción en Italia, una trama de contratas en centros públicos, no sería nada excesivamente extraordinario si no hubiesen aparecido en el sumario los nombres de los cardenales Tarsicio Bertone y Angelo Bagnasco, 'número dos' del Vaticano y cárdenal de Génova, respectivamente (además, Bagnasco es el presidente de la Conferencia Episcopal italiana).
Entre los implicados destaca el portavoz de la alcaldesa de la ciudad
Tal y como publica hoy el diario El Mundo en su edición de papel, ambos son citados hasta 40 veces cada uno en las conversaciones teléfónicas entre los responsables de la trama que la policía italiana ha interceptado.
El caso no es una fruslería: ya hay cinco detenidos que, según la fiscalía, se dedicaban a embolsarse jugosas comisiones a cambio de repartir las concesiones de los servicios de comida en hospitales y colegios públicos de Génova. Entre los implicados destaca el portavoz de la alcaldesa de la ciudad, dos ex consejeros municipales, dos asesores del Ayuntamiento y un empresario.

La vidente de las apariciones de El Escorial llamada a declarar por estafa

La vidente Amparo Cuevas, quien desde 1980 afirmó en numerosas ocasiones que la Virgen se le aparecía en un prado de la localidad madrileña de El Escorial y le dictaba mensajes, ha sido citada a declarar ante el juzgado por un presunto delito de estafa, coacciones y detención ilegal, entre otros.
Junto a la vidente deberán comparecer, el próximo mes de junio, un total de diez colaboradores, como consecuencia de la admisión a trámite de la querella presentada por la Asociación de Víctimas de las supuestas apariciones de El Escorial, de la que es portavoz Juan Carlos Bueno, uno de los familiares afectados.
En la querella, a la que ha tenido acceso Efe, se afirma que los hechos giran en torno a un fenómeno presuntamente religioso,"en el que unas personas valiéndose de esta situación se aprovechan" de otras "para desposeerlas de todo su patrimonio".
Denuncian la actitud de la Iglesia
Los hechos comenzaron en octubre de los años 80, dicen los querellantes, "aprovechando el entusiasmo desatado por las peregrinaciones a Lourdes y Fátima, fenómenos estos sí de ámbito religioso y no espurio como el de El Escorial, y sobre la misma base inician una historia para intentar aprovecharse de la gente, en muchos casos con problemas psicológicos e incluso psiquiátricos".
La Iglesia negó categoricamente las apariciones, pero muchos sacerdotes apoyan a Cuevas
Comienzan, agrega la querella, cuando Amparo Cuevas dice que se le ha aparecido la virgen en la citada finca, y a partir de ahí, utilizando estas supuestas apariciones, las personas citadas a declarar "conseguían que los fieles donasen sus bienes a estas asociaciones, a cambio de promesas de redención, desposeyéndoles de todo cuanto tenían".
Los querellantes denuncian también la actitud de la Iglesia, en este caso del arzobispado de Madrid, que, por un lado "niega categóricamente las apariciones marianas en Prado nuevo", llegando incluso al punto de prohibir a los miembros de la curia acudir a las mismas para, sin embargo, "ver todos los días a sacerdotes apoyando estas manifestaciones", que se vienen realizando los primeros sábados de cada mes.
Fraude a la Seguridad Social
Los servicios de la Inspección de Trabajo de Madrid detectaron hace un año fraude a la Seguridad Social, que afecta en total a 25 trabajadores, en dos residencias de ancianos propiedad de sendas fundaciones de la vidente de El Escorial, Amparo Cuevas, e iniciaron el correspondiente expediente sancionador.
La inspección realizada el 22 de mayo de 2007 y en actuaciones posteriores en las residencias situadas en las localidades de El Escorial y de Griñón, pusieron también de manifiesto que las supuestas religiosas que atienden a los ancianos y las residencias, no son tales a pesar de los hábitos que usan, sino que se trata de seglares.

Madrid forma a sus profesores contra la asignatura Educación para la Ciudadanía

Medio centenar de profesores que imparten el primer curso de Educación para la Ciudadanía en el centro de formación Las Acacias de Madrid, llegaron a impartirla pero sólo escucharon "críticas al Gobierno y palabras de comprensión con las campañas para incumplir la ley educativa", según recoge El País.

José Luís González Quirós, del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), asegura que es una asignatura "inventada", que "adoctrina" a los alumnos y "lesiona los derechos de los ciudadanos".
Por su parte, un profesor de Historia de secundaria le replicó diciendo: "Os estáis quejando de que el Gobierno quiere adoctrinar a los ciudadanos con esta asignatura y lo que se está haciendo en este aula es precisamente demagogia y doctrina". Así lo aseguró en el seminario Educación para la Ciudadanía: implantación en la Comunidad de Madrid
El Gobierno de Esperanza Aguirre ha asegurado que "amparará las llamadas objeciones de conciencia contra la asignatura, que empezará a impartirse el próximo curso en Madrid." Ante este incumplimiento de la ley, González Quirós afirmaba: "Ha habido un movimiento ciudadano contra la materia, aunque a mi parecer demasiado poco", dijo. "Yo no tengo hijos en edades de cursarla, pero si los tuviera objetaría. No mando a mi hijo a que le metan de matute y bajo la capa de los valores constitucionales otros".
Matrimonio homosexual y religión
El seminario tiene como objetivo "sugerir recomendaciones prácticas para la enseñanza de la materia", entre otras cosas. "En su inauguración no se habló de consejos ni de ejercicios, sino de la polémica, de la objeción de conciencia, del matrimonio homosexual y de religión". Ante esto González Quirós señaló que la Comunidad de Madrid "ha reinterpretado" el modelo "para que no lesione ninguno de los derechos o libertades".
Las palabras que más discusiones han levantado son las que se referían al matrimonio homosexual. "Este Gobierno ha establecido la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? ¿Por qué no se estableció una ley de uniones civiles? No había necesidad de llamarlo matrimonio y nadie lo pidió nunca", afirma González Quirós.
Con respecto a la religión aseguró: "La religión es vista como un prejuicio que hay que superar, como algo sospechoso".Aseguró que con el decreto sobre Ciudadanía el Gobierno quiere "enseñar a los alumnos qué sentir, qué pensar" y acusó al ejecutivo de Rodríguez Zapatero de querer "vender" una "doctrina".

"Ginés se iba con algún juez o fiscal de fiestas nocturnas por discotecas de Madrid"

Un agente de la policía municipal de Coslada ha desvelado en una entrevista a El Mundo, que el 'sheriff' de Coslada, podía "extender su influencia y sus presuntas actividades ilegales a la capital". "Él tiene muchos amigos. "En Madrid se mueve como pez en el agua", ha explicado el policía.
El agente ha señalado que Jiménez iba frecuentemente a discotecas de Madrid muy conocidas sobre todo del distrito Centro, donde, según recoge El Mundo, tenía reservado para él y su grupo un espacio reservado. El día en que todo salió a la luz, "estaba muy nerviosos"."Llegó a dependencias policiales hablando continuamente por el móvil y muy nervioso. Con muchas llamadas, cortaba una, contestaba otra", ha indicado el agente.
"Cogió a un compañero y se fue rápidamente a Madrid. Era la actitud de una persona nerviosa que intentaba saber lo que había pasado y preocupado con lo que podían saber", ha asegurado el policía, que ha precisado que su jefe tenía "muchos contactos". "Siempre se ha llevado bastante bien con la gente de arriba. Le hemos visto con algún juez o fiscal de fiestas nocturnas en discotecas. Era amigo íntimo del anterior alcalde de Coslada, de Huélamo, que le protegía siempre, y demás fiscales y jueces".
"Guerra abierta" a la Policía de Coslada
El agente entrevistado por El Mundo, asegura que Ginés tenía una "guerra abierta" con la Policía Nacional de Coslada. "Él siempre decía que al menor problema nos fuéramos a Mejorada del Campo, que el teniente de la Guardia Civil, amigo suyo, nos iba a tratar como si estuviéramos en casa", ha asegurado.
Confirma que el 'sheriff' no pagaba nada de lo que consumía en Coslada ni en varios distritos de Madrid. "No es un hombre ostentoso. Tiene un coche normal, pero vaya donde vaya no gasta un duro", ha explicado el agente, que ha definido a su jefe como "un hombre muy inteligente que pica un poco de soberbio".
Pero para el policía entrevistado no queda claro que Ginés vaya a la cárcel: "A pesar de todo lo que esta saliendo muchísimos creemos que va a volver. Sabemos que es un hombre que se mueve muy bien es este campo y que tiene muchos contactos. Sabemos que él puede mover todos sus hilos y tratar de estar fuera".

Investigan 263 contrataciones realizadadas por el PP en el Ayuntamiento de Marbella

La oposición ha levantado la liebre sobre posibles irregularidades en torno a las 263 contrataciones de personal que el equipo de Gobierno del PP ha llevado a cabo en su primer año de gestión.
Los socialistas "sospechan" que el gobierno de la regidora Ángeles Muñoz "ha incumplido" los principios básicos de las contrataciones públicas "para beneficiar a personas afines al PP, perjudicando así a los ciudadanos que quieren optar a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento".
Personas afines al PP podrían haberse beneficiado de acceder a un empleo en el Consistorio
Asimismo, la portavoz del PSOE, Susana Radío, sostiene que entre los nuevos contratos realizados, haya varios técnicos, coordinadores y asesores con salarios que rozan los 4.000 euros mensuales.
Además de los 25 cargos de confianza, "algunos de los cuales tienen sueldos de 113.000 euros al año", recuerda Radío.
"Parece que el plan de austeridad del PP se aplica a todo el mundo menos a sus colaboradores", ha reprochado la portavoz socialista.
Desde la oposición no entienden porqué con una plantilla de 3.500 trabajadores, que supone el 71% del Presupuesto total del Ayuntamiento (136 millones de euros) y con una deuda que supera los 500 millones de euros, "se empeña en realizar nuevas contrataciones".
Por ello, a fin de salir de dudas, han solicitado al Gobierno de Muñoz, información sobre las pruebas selectivas realizadas y los requisitos establecidos para la incorporación de estas personas a la plantilla municipal.

Hidalgo: "El destino era un almacén, pero se convirtió sin yo saberlo en una vivienda"

PALMA DE MALLORCA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará hoy a partir de las 09.30 horas el primer juicio por una de las piezas del caso Andratx, concretamente la número 56 referida a la construcción presuntamente ilegal del chalet del ex alcalde de la localidad, Eugenio Hidalgo, y por la que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares solicita seis años de prisión para el ex primer edil por un delito de falsedad.
La primera de las jornadas judiciales se iniciará hoy y está previsto que se prolongue mañana y el miércoles, aunque no se descarta que se alargue hasta el final de la semana.
La pieza ha correspondido al Juzgado de Instrucción número 12 y en ella la Fiscalía acusa a Hidalgo de los delitos de falsedad, prevaricación urbanística y delito contra la ordenación del territorio. En el escrito de acusación, el Ministerio Público solicitaba seis años de prisión por falsedad, así como una multa de 100 euros durante 20 meses y la inhabilitación especial para un cargo público en la administración por un tiempo de seis años.
En la causa, también se acusa al ex celador de Obras municipal, Jaume Gibert, de los delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio, por los que se piden seis años de prisión e inhabilitación especial para cargo público, mientras que al ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, se le acusa de un delito de prevaricación urbanística por el que el fiscal solicita dos años de prisión e inhabilitación especial para cargo público por un periodo de diez años.
En el escrito de acusación también se imputa al letrado del Ayuntamiento, José Ignacio Mir, de un delito de prevaricación urbanística, por el que se solicita una pena de un año de prisión e inhabilitación especial para cargo público por un periodo de diez años.
Está previsto que durante el juicio testifique Gabriel Cañellas Rotger, ingeniero agrónomo e hijo del ex presidente del Govern Gabriel Cañellas, varios agentes de la Guardia Civil del Seprona, la concejal de UM en el Ayuntamiento de Andratx, Isabel Alemany, y la arquitecta Cinta Moyá, entre otras de las personas que serán citadas a declarar.
ANTECEDENTES
Según reza el escrito de acusación, el ex primer edil era propietario de la finca ubicada en la parcela 67 del polígono siete del término municipal de Andratx, que cuenta con una superficie de 3.035 m2 y que está clasificada como Área Rústica de Interés Paisajístico (zona ARIP).
Así, según el fiscal, dado el nivel de protección legal vigente y su superficie "era imposible legalmente" autorizar la construcción en dicha parcela de una vivienda unifamiliar aislada, puesto que con anterioridad "únicamente existía una alberca y una pequeña caseta de herramientas y aperos".
Según la Fiscalía, pese a esta imposibilidad legal, Hidalgo solicitó al Ayuntamiento de Andratx el 14 de febrero de 2003 una licencia de obra mayor para la ampliación de un almacén agrícola inexistente y presentó también, junto a la solicitud de licencia, un proyecto de ampliación de almacén agrícola firmado por el ingeniero agrónomo Gabriel Cañellas --también imputado en otras piezas del sumario-- en el cual se proyectaba la construcción de una nave agrícola en dicha parcela.
Así, según el Ministerio Público, el cinco de mayo de 2003 el celador municipal "previamente aleccionado y convencido por Hidalgo" emitió una certificación en el expediente municipal de concesión de licencia, "donde afirmó falsamente que existía un almacén agrícola y que tenía una antigüedad superior a los 50 años". Además, Gibert presentó junto al informe una fotografía en blanco y negro "y de mala calidad" en la que únicamente se reflejaban la alberca y la caseta de aperos.
Según el fiscal, al día siguiente, Massot, que en aquel entonces era Jefe del Área de Urbanismo, emitió un informe favorable a la licencia de ampliación solicitada "cuando ni en la fotografía incorporada al expediente, ni en el historial registral de la finca aparecía almacén o nave agrícola alguna", según el escrito de acusación.
Tras la Comisión de Gobierno Municipal donde se concedió la licencia, Hidalgo procedió a la construcción de una vivienda unifamiliar de nueva planta y un edificio destinado a cuadras en zona rústica protegida. Para realizar la construcción, la Fiscalía asegura que se demolieron por entero los restos de la caseta de aperos existente.
El Juzgado ha divido el caso en 67 piezas, relacionadas con los presuntos delitos urbanísticos, mientras que los principales acusados han declarado ya por las piezas relacionadas con la construcción presuntamente irregular de chalets plurifamiliares en el Port d'Andratx y por la construcción del restaurante del hermano del ex primer edil.
Esta es la primera pieza que quedó vista para la celebración de juicio en la Audiencia y forma parte de las 67 totales en las que se divide el sumario del caso, que dará lugar a numerosos juicios que se prolongarán seguramente durante varios años, ya que la Audiencia descartó la celebración de un macrojuicio por la causa, que permanece abierta desde noviembre de 2006.

De Santos ante las posibles relaciones con menores: "No les pedí el DNI"

Rodrigo de Santos no descarta haber mantenido relaciones con menores de edad durante los últimos años ni tampoco haberlas sufragado con la tarjeta de crédito municipal, según asegura hoy el diario El Mundo .
El ex teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca ya estaría preparando su defensa en este sentido y, tal y como ha admitido a su entorno más cercano, el ex edil del PP no se encuentra capacitado para negar con total rotundidad que algunos de los servicios sexuales que abonó con cargo al erario público tuvieran como objeto relaciones mantenidas con menores de 18 años.
No obstante, ésta podría haber sido, según señala el diario, una de las primeras cuestiones que abordó con sus abogados tras estallar el escándalo . "Si algunos de los chicos o chicas eran menores nadie me lo advirtió y no les pedí el DNI. Por lo tanto, la responsabilidad no sería mía sino de quien no me lo dijo", ha explicado De Santos a algunos de los miembros de su círculo de amistades en Mallorca tras revelar el Diario de Mallorca que el Ministerio Público de las Islas está investigando en estos momentos dicho extremo, que de confirmarse engordaría todavía más la vertiente penal del escándalo.
En declaraciones a El Mundo, el abogado de ex edil popular, Bartomeu Vidal, ha señalado que la conducta de su cliente en ningún momento se ha caracterizado por la "búsqueda del menor" y que en el caso de que se determinase que alguno de los servicios sexuales habían sido prestados por ellos lo hizo siempre sin ser consciente de su edad real.
De Santos está siendo tratado de su adicción a las drogas en un clínica madrileña y en el proceso judicial tanto su defensa como la juez instructora Ana San José se encuentran a la espera de que el fiscal pida alguna diligencia complementaria.

Condenan a Entrena a sólo un año de suspensión y a abonar 103.000 euros a José Campoy por mantenerle un año en prisión siendo inocente

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a la que fuera titular del Juzgado de lo Penal de Motril (Granada) Adelina Entrena a la pena de un año de suspensión de empleo o cargo público que implique el desempeño de sus funciones judiciales y a que abone a José Campoy, el preso que permaneció más de un año en prisión pese a ser absuelto, 103.000 euros por los perjuicios sufridos.

Según la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, la juez, expulsada de la carrera por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es autora de un delito contra la libertad individual de las personas, cometido por funcionario público, mediando imprudencia grave.

Campoy, que estuvo indebidamente privado de libertad por la "desatención" de la juez respecto a sus obligaciones 455 días, si bien 180 le han sido abonados para el cumplimiento de otra ejecutoria, sufre "grave e importantes secuelas" derivadas en parte por la "incomprensión, impotencia y desesperanza" de verse privado de libertad pese al dictado de una sentencia absolutoria.

Los empresarios de las atracciones de la Feria de Sevilla podrían haber fijado ilegalmente sus precios

La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía está investigando un posible acuerdo de precios en las atracciones de la Feria de Sevilla, que se celebra del 7 al 13 de abril.Según ha informado la Consejería de Economía en un comunicado, Competencia ha iniciado un proceso de información de carácter preliminar bajo la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas en las atracciones mecánicas de la Feria consistentes en un acuerdo de precios, tras la publicación en los medios de comunicación de que "los precios se habrían marcado por los dueños de las atracciones después de una puesta en común para no incurrir en competencias".Este procedimiento de información supone "un paso previo en el proceso de investigación de una supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzga el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas, sin perjuicio de que en el supuesto de acreditarse algún indicio se procedería a la incoación del correspondiente expediente sancionar", ha advertido.Se trata de una de las primeras actuaciones de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía que inició su actividad el 17 de marzo de 2008.

El fiscal jefe de Lugo cree "poco probable" que se celebre en 2008 el juicio por fraude en obras de la Diputación

(EUROPA PRESS) - El fiscal jefe de Lugo, Jacinto Fernández Vilalvilla, aseguró hoy que ve "poco probable" que este año se celebre el juicio por la 'Operación Muralla', en relación con un supuesto fraude en expedientes de obras de la Diputación luguesa por la adjudicación de direcciones de obra.
Así, casi dos años después del inicio de la operación, el fiscal Vilalvilla manifestó que ve "poco probable" que se celebre el juicio este año porque "todavía no se han practicado las diligencias interesadas".
No obstante, admitió que "lo deseable" sería "la terminación lo más pronto posible del procedimiento" y aclaró que la Fiscalía está pendiente del "resultado" de unas pruebas periciales sobre contabilidad.
Esta operación comenzó en mayo de 2006, con la entrada del anterior fiscal Jesús Izaguirre en la Diputación de Lugo escoltado por agentes de la Policía Nacional para el registro de las dependencias provinciales.
Cinco funcionarios provinciales se encuentran imputadas por lo delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.

Sindicato denuncia el desmantelamiento del Hospital Virgen de la Torre para abastecer al Infanta Leonor

El Sindicato Asambleario de Sanidad de la Comunidad de Madrid denunció hoy el continuo desmantelamiento del Hospital público Virgen de la Torre que se está llevando a cabo para abastecer de material al centro hospitalario recién inaugurado Infanta Leonor.
Según el sindicato, la apertura "de los nuevos hospitales privados se está llevando a cabo desmantelando los antiguos". En concreto, señaló que en el caso del centro Virgen de la Torre, el traslado del material se está haciendo de noche y aseguró que hay demostraciones gráficas de la situación obtenidas por la Plataforma en Defensa del Hospital Virgen.
Estas fotografías muestran cómo en menos de un mes "se han llevado y se van a seguir llevando al hospital privado Infanta Leonor todo lo que puedan", indicó el Sindicato, como mesas y material de quirófano, instrumental, artroscopias, microscopias, biómetros, fibroscopios, medicación, entre otras cosas.
Asimismo, apuntó que ya están cerradas dos plantas del antiguo hospital, seis quirófanos, y una unidad de Endoscopias y Consultas. "Esto es un atraco a la Sanidad pública", apostilló.

El 97,3% de las agencias de viajes engañan con las ofertas de sus escaparates

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a 111 agencias de viajes ante las autoridades de Consumo del Gobierno y sus comunidades autónomas por anunciar ofertas engañosas a los usuarios. "Los precios de sus paquetes vacacionales son en realidad muy superiores a los publicitados, que omiten numerosos conceptos", señala este jueves Facua en un comunicado. Las denuncias son el resultado de un estudio sobre 117 agencias de viajes de once provincias.
La Asociación aseguró que las ofertas expuestas en sus escaparates "no indican el precio final completo, como marca la legislación, omitiendo conceptos como cargos adicionales por la gestión o emisión de los billetes, por el incremento de los carburantes así como las tasas de los puertos marítimos y aéreos e incluso propinas que se imponen en los cruceros".
Además, 45 agencias han sido denunciadas por no tener expuesto "de forma perfectamente visible" en el interior de sus establecimientos el cartel que debe informar a los consumidores de la existencia de hojas de reclamaciones.
Casi todas mienten
"El estudio pone de manifiesto un incumplimiento prácticamente generalizado de regulación publicitaria: el 97,3% de las que exhiben ofertas en sus escaparates incurren en publicidad engañosa, y 111 de las 117 agencias encuestadas anuncian precios inferiores a los reales. De las seis restantes, tres cumplen la legislación y las otras tres no exponen ofertas en sus vitrinas", sostuvo Facua.
Las denuncias han sido presentadas ante las autoridades de Consumo de Andalucía, Islas Baleares, Madrid, Murcia y Castilla y León, comunidades donde se ha efectuado el estudio, a las que Facua demanda "sanciones ejemplarizantes" para acabar con estas prácticas.

El fiscal apoya el tercer grado para "Farruquito" por estar arrepentido

Sevilla, 3 abr (EFE).- El fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla ha respaldado la concesión del tercer grado al bailaor "Farruquito", lo que le permitirá volver a la cárcel solo para dormir, porque está arrepentido y ha pagado las indemnizaciones a la familia del peatón al que atropelló.
Fuentes judiciales han dicho hoy a Efe que la Fiscalía ha dado su respaldo a la decisión de la prisión Sevilla-II, que propuso el tercer grado penitenciario porque el recluso ha satisfecho las responsabilidades civiles, ha mostrado su pesar por el mal ocasionado y ha asumido su delito.
Al mismo tiempo, en el año y tres meses que lleva encarcelado ha participado activamente en la vida de la cárcel y ha observado buen comportamiento.
Juan Manuel Fernández Montoya, "Farruquito", ingresó voluntariamente en la cárcel el 16 de enero de 2007, después de que la Audiencia de Sevilla confirmase su condena de tres años de cárcel por el atropello mortal de un peatón cuando conducía su coche BMW sin tener carné de conducir ni seguro.
Por su parte, un portavoz de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha dicho hoy a Efe que la Junta de Tratamiento de Sevilla-II ha acordado que "Farruquito" puede salir del penal todos los días por motivos laborales y solo regresar a dormir, además de contar con todos los fines de semana libres, en una medida efectiva de inmediato.
Junto a los tres años de cárcel por delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, la sentencia del juzgado penal 8 de Sevilla le impuso dos multas de doce meses cada una, con una cuota diaria de 100 euros, lo que equivale a 72.000 euros.
El bailaor fue condenado por el atropello mortal de Benjamín Olalla, en septiembre de 2003, junto al polideportivo San Pablo de Sevilla.
El fallo impuso además a "Farruquito" una indemnización de 102.483 euros a la viuda de la víctima y de 8.275 euros a cada uno de sus padres.
"Farruquito" disfrutaba regularmente de permisos de salida, después del primero que obtuvo en noviembre de 2007, por su buena conducta y buena integración en la vida penitenciaria.

No tenía escrúpulos en cobrarles hasta 6.000 euros por nada

Eldigitalcastillalamancha.es
14 de marzo de 2008.

La Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Toledo ha detenido a J.G.F. como presunto autor de los delitos de estafa y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.Las investigaciones policiales se iniciaron el pasado 20 de febrero cuando cinco ciudadanos de Marruecos denunciaron al ahora detenido por haberles cobrado un total de 24.000 euros en concepto de "arreglo de documentación" para conseguir traer a España a familiares o amigos con contrato de trabajo, según informó la Policía Nacional en nota de prensa. Al parecer, J.G.F. contactaba con ciudadanos extranjeros residentes en España y les preguntaba si estaban interesados en traer al país a algún familiar o conocido, previo pago de 3.000 euros -aproximadamente de media- para iniciar los trámites, y un segundo pago de otros 3.000 euros al conseguir la autorización de residencia. Durante el tiempo que tardaba en finalizar los trámites, el detenido se quedaba el pasaporte de la persona que quería venir, como garantía hasta que se efectuara el segundo pago.Una vez en España, les daba de alta en la Seguridad Social pero sólo durante 15, 20 ó 25 días, tiempo insuficiente para que dichas personas pudieran obtener la renovación de su autorización. Algunos de los denunciantes ha podido aportar como prueba recibos firmados por el detenido en concepto de "arreglo de documentación" siendo uno de ellos por importe de 6.000 euros.

Sospechosas nuevas asociaciones de vecinos

De un tiempo a esta parte surgen asociaciones de vecinos como setas. El furor asociativo de los vecinos de Santander parece haber nacido de golpe y, sorprendentemente, florece en aquellos lugares donde ya existía anteriormente una asociación, nunca donde no las había. Pero más sorprendente es que las nuevas asociaciones reciban desde le primer momento todos los parabienes y reconocimientos oficiales, son recibidas y agasajadas en el Ayuntamiento y obtienen, sin ni siquiera saber que cara tiene sus dirigentes, espacios multiplicados en la prensa, con cuya migajas se darían con un canto en los dientes los dirigentes vecinales que llevan años trabajando en al defensa de sus convenciones. Hace unos días una de esas nuevas asociaciones, ubicada en Castilla-Hermida, de la que los periodistas sólo tenemos noticias por comunicados de prensa que salen del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento, lograban colocar a cuatro columnas sus opiniones. Al día siguiente la respuesta-matización de la Asociación del barrio de toda la vida, se despachaba con una columna. Hay una coincidencia más en buena parte de esas nuevas asociaciones y es que su principal tarea desde su nacimiento es polemizar con la las otras asociaciones de vecinos del barrio, que en todos los casos, se da la circunstancia de que no está al cien por cien con el equipo de gobierno municipal. El milagro de los panes y los peces de las AA VV tiene, no obstante, un nombre propio: el del Segundo Teniente de Alcalde, Concejal de Barrios y Participación Ciudadana, Santiago Recio. Detrás de la creación de prácticamente la totalidad de estas asociaciones está el concejal del PP y el PP mismo. Me explicó. Cuando una asociación de vecinos se pone impertinente, que para el actual equipo de Gobierno que preside De la Serna son todas las que nos les bailan el agua, se coge el listado de afiliados del PP, se selecciona a los que residen en el barrio en cuestión y se les recoge la firma para constituir una asociación. La estructura organizativa, estatutos, juntas directivas, fondos y el trabajo de contactar con los medios de comunicación se hace desde el ayuntamientos con el dinero de todos.
También hay otras asociaciones que surgen, por ejemplo a modo e comunidad de propietarios, para construirse un garaje a precio módico, con el Ayuntamiento enajenando bienes públicos para disfrute de unos pocos. Pero lo que llama más la atención en todo este asunto es que las asociaciones de vecinos de verdad, las creadas a trancas y barrancas, las que se las ven y se las desean para lograr funcionar, guardan silencio y no denuncian tanta impostura y cara dura.