El Álamo cede un colegio construido con dinero público a una empresa privada

El Ayuntamiento de El Álamo acaba de adjudicar la explotación del colegio público Miguel Ángel Blanco a la empresa privada Grupo Educativo, según acaba de hacer público el sindicato CC OO.
Pagarán 75.000 euros mensuales los dos primeros años y 50.000 anuales el resto
En este centro construido por la Comunidad de Madrid era público hasta hace dos semanas. En él dan clase 66 niños. El año que viene estos alumnos seguirán en el mismo centro, que funcionará como concertado.
CC OO denuncia que la adjudicataria del colegio de El Álamo es una empresa "sin ninguna experiencia en el ámbito de la enseñanza reglada". Grupo Educativo se dedica a la organización de actividades de ocio y tiempo libre en escuelas de la comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento cede este colegio para poder solventar su deuda municipal. La cesión a Grupo Educativo es por 50 años. Los dos primeros años deberán pagar 75.000 mensuales y el resto del tiempo 50.000 anuales.

Un escándalo de corrupción amenaza con salpicar al Vaticano

El último escándalo de corrupción en Italia, una trama de contratas en centros públicos, no sería nada excesivamente extraordinario si no hubiesen aparecido en el sumario los nombres de los cardenales Tarsicio Bertone y Angelo Bagnasco, 'número dos' del Vaticano y cárdenal de Génova, respectivamente (además, Bagnasco es el presidente de la Conferencia Episcopal italiana).
Entre los implicados destaca el portavoz de la alcaldesa de la ciudad
Tal y como publica hoy el diario El Mundo en su edición de papel, ambos son citados hasta 40 veces cada uno en las conversaciones teléfónicas entre los responsables de la trama que la policía italiana ha interceptado.
El caso no es una fruslería: ya hay cinco detenidos que, según la fiscalía, se dedicaban a embolsarse jugosas comisiones a cambio de repartir las concesiones de los servicios de comida en hospitales y colegios públicos de Génova. Entre los implicados destaca el portavoz de la alcaldesa de la ciudad, dos ex consejeros municipales, dos asesores del Ayuntamiento y un empresario.

La vidente de las apariciones de El Escorial llamada a declarar por estafa

La vidente Amparo Cuevas, quien desde 1980 afirmó en numerosas ocasiones que la Virgen se le aparecía en un prado de la localidad madrileña de El Escorial y le dictaba mensajes, ha sido citada a declarar ante el juzgado por un presunto delito de estafa, coacciones y detención ilegal, entre otros.
Junto a la vidente deberán comparecer, el próximo mes de junio, un total de diez colaboradores, como consecuencia de la admisión a trámite de la querella presentada por la Asociación de Víctimas de las supuestas apariciones de El Escorial, de la que es portavoz Juan Carlos Bueno, uno de los familiares afectados.
En la querella, a la que ha tenido acceso Efe, se afirma que los hechos giran en torno a un fenómeno presuntamente religioso,"en el que unas personas valiéndose de esta situación se aprovechan" de otras "para desposeerlas de todo su patrimonio".
Denuncian la actitud de la Iglesia
Los hechos comenzaron en octubre de los años 80, dicen los querellantes, "aprovechando el entusiasmo desatado por las peregrinaciones a Lourdes y Fátima, fenómenos estos sí de ámbito religioso y no espurio como el de El Escorial, y sobre la misma base inician una historia para intentar aprovecharse de la gente, en muchos casos con problemas psicológicos e incluso psiquiátricos".
La Iglesia negó categoricamente las apariciones, pero muchos sacerdotes apoyan a Cuevas
Comienzan, agrega la querella, cuando Amparo Cuevas dice que se le ha aparecido la virgen en la citada finca, y a partir de ahí, utilizando estas supuestas apariciones, las personas citadas a declarar "conseguían que los fieles donasen sus bienes a estas asociaciones, a cambio de promesas de redención, desposeyéndoles de todo cuanto tenían".
Los querellantes denuncian también la actitud de la Iglesia, en este caso del arzobispado de Madrid, que, por un lado "niega categóricamente las apariciones marianas en Prado nuevo", llegando incluso al punto de prohibir a los miembros de la curia acudir a las mismas para, sin embargo, "ver todos los días a sacerdotes apoyando estas manifestaciones", que se vienen realizando los primeros sábados de cada mes.
Fraude a la Seguridad Social
Los servicios de la Inspección de Trabajo de Madrid detectaron hace un año fraude a la Seguridad Social, que afecta en total a 25 trabajadores, en dos residencias de ancianos propiedad de sendas fundaciones de la vidente de El Escorial, Amparo Cuevas, e iniciaron el correspondiente expediente sancionador.
La inspección realizada el 22 de mayo de 2007 y en actuaciones posteriores en las residencias situadas en las localidades de El Escorial y de Griñón, pusieron también de manifiesto que las supuestas religiosas que atienden a los ancianos y las residencias, no son tales a pesar de los hábitos que usan, sino que se trata de seglares.

Madrid forma a sus profesores contra la asignatura Educación para la Ciudadanía

Medio centenar de profesores que imparten el primer curso de Educación para la Ciudadanía en el centro de formación Las Acacias de Madrid, llegaron a impartirla pero sólo escucharon "críticas al Gobierno y palabras de comprensión con las campañas para incumplir la ley educativa", según recoge El País.

José Luís González Quirós, del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), asegura que es una asignatura "inventada", que "adoctrina" a los alumnos y "lesiona los derechos de los ciudadanos".
Por su parte, un profesor de Historia de secundaria le replicó diciendo: "Os estáis quejando de que el Gobierno quiere adoctrinar a los ciudadanos con esta asignatura y lo que se está haciendo en este aula es precisamente demagogia y doctrina". Así lo aseguró en el seminario Educación para la Ciudadanía: implantación en la Comunidad de Madrid
El Gobierno de Esperanza Aguirre ha asegurado que "amparará las llamadas objeciones de conciencia contra la asignatura, que empezará a impartirse el próximo curso en Madrid." Ante este incumplimiento de la ley, González Quirós afirmaba: "Ha habido un movimiento ciudadano contra la materia, aunque a mi parecer demasiado poco", dijo. "Yo no tengo hijos en edades de cursarla, pero si los tuviera objetaría. No mando a mi hijo a que le metan de matute y bajo la capa de los valores constitucionales otros".
Matrimonio homosexual y religión
El seminario tiene como objetivo "sugerir recomendaciones prácticas para la enseñanza de la materia", entre otras cosas. "En su inauguración no se habló de consejos ni de ejercicios, sino de la polémica, de la objeción de conciencia, del matrimonio homosexual y de religión". Ante esto González Quirós señaló que la Comunidad de Madrid "ha reinterpretado" el modelo "para que no lesione ninguno de los derechos o libertades".
Las palabras que más discusiones han levantado son las que se referían al matrimonio homosexual. "Este Gobierno ha establecido la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? ¿Por qué no se estableció una ley de uniones civiles? No había necesidad de llamarlo matrimonio y nadie lo pidió nunca", afirma González Quirós.
Con respecto a la religión aseguró: "La religión es vista como un prejuicio que hay que superar, como algo sospechoso".Aseguró que con el decreto sobre Ciudadanía el Gobierno quiere "enseñar a los alumnos qué sentir, qué pensar" y acusó al ejecutivo de Rodríguez Zapatero de querer "vender" una "doctrina".

"Ginés se iba con algún juez o fiscal de fiestas nocturnas por discotecas de Madrid"

Un agente de la policía municipal de Coslada ha desvelado en una entrevista a El Mundo, que el 'sheriff' de Coslada, podía "extender su influencia y sus presuntas actividades ilegales a la capital". "Él tiene muchos amigos. "En Madrid se mueve como pez en el agua", ha explicado el policía.
El agente ha señalado que Jiménez iba frecuentemente a discotecas de Madrid muy conocidas sobre todo del distrito Centro, donde, según recoge El Mundo, tenía reservado para él y su grupo un espacio reservado. El día en que todo salió a la luz, "estaba muy nerviosos"."Llegó a dependencias policiales hablando continuamente por el móvil y muy nervioso. Con muchas llamadas, cortaba una, contestaba otra", ha indicado el agente.
"Cogió a un compañero y se fue rápidamente a Madrid. Era la actitud de una persona nerviosa que intentaba saber lo que había pasado y preocupado con lo que podían saber", ha asegurado el policía, que ha precisado que su jefe tenía "muchos contactos". "Siempre se ha llevado bastante bien con la gente de arriba. Le hemos visto con algún juez o fiscal de fiestas nocturnas en discotecas. Era amigo íntimo del anterior alcalde de Coslada, de Huélamo, que le protegía siempre, y demás fiscales y jueces".
"Guerra abierta" a la Policía de Coslada
El agente entrevistado por El Mundo, asegura que Ginés tenía una "guerra abierta" con la Policía Nacional de Coslada. "Él siempre decía que al menor problema nos fuéramos a Mejorada del Campo, que el teniente de la Guardia Civil, amigo suyo, nos iba a tratar como si estuviéramos en casa", ha asegurado.
Confirma que el 'sheriff' no pagaba nada de lo que consumía en Coslada ni en varios distritos de Madrid. "No es un hombre ostentoso. Tiene un coche normal, pero vaya donde vaya no gasta un duro", ha explicado el agente, que ha definido a su jefe como "un hombre muy inteligente que pica un poco de soberbio".
Pero para el policía entrevistado no queda claro que Ginés vaya a la cárcel: "A pesar de todo lo que esta saliendo muchísimos creemos que va a volver. Sabemos que es un hombre que se mueve muy bien es este campo y que tiene muchos contactos. Sabemos que él puede mover todos sus hilos y tratar de estar fuera".

Investigan 263 contrataciones realizadadas por el PP en el Ayuntamiento de Marbella

La oposición ha levantado la liebre sobre posibles irregularidades en torno a las 263 contrataciones de personal que el equipo de Gobierno del PP ha llevado a cabo en su primer año de gestión.
Los socialistas "sospechan" que el gobierno de la regidora Ángeles Muñoz "ha incumplido" los principios básicos de las contrataciones públicas "para beneficiar a personas afines al PP, perjudicando así a los ciudadanos que quieren optar a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento".
Personas afines al PP podrían haberse beneficiado de acceder a un empleo en el Consistorio
Asimismo, la portavoz del PSOE, Susana Radío, sostiene que entre los nuevos contratos realizados, haya varios técnicos, coordinadores y asesores con salarios que rozan los 4.000 euros mensuales.
Además de los 25 cargos de confianza, "algunos de los cuales tienen sueldos de 113.000 euros al año", recuerda Radío.
"Parece que el plan de austeridad del PP se aplica a todo el mundo menos a sus colaboradores", ha reprochado la portavoz socialista.
Desde la oposición no entienden porqué con una plantilla de 3.500 trabajadores, que supone el 71% del Presupuesto total del Ayuntamiento (136 millones de euros) y con una deuda que supera los 500 millones de euros, "se empeña en realizar nuevas contrataciones".
Por ello, a fin de salir de dudas, han solicitado al Gobierno de Muñoz, información sobre las pruebas selectivas realizadas y los requisitos establecidos para la incorporación de estas personas a la plantilla municipal.

Hidalgo: "El destino era un almacén, pero se convirtió sin yo saberlo en una vivienda"

PALMA DE MALLORCA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará hoy a partir de las 09.30 horas el primer juicio por una de las piezas del caso Andratx, concretamente la número 56 referida a la construcción presuntamente ilegal del chalet del ex alcalde de la localidad, Eugenio Hidalgo, y por la que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares solicita seis años de prisión para el ex primer edil por un delito de falsedad.
La primera de las jornadas judiciales se iniciará hoy y está previsto que se prolongue mañana y el miércoles, aunque no se descarta que se alargue hasta el final de la semana.
La pieza ha correspondido al Juzgado de Instrucción número 12 y en ella la Fiscalía acusa a Hidalgo de los delitos de falsedad, prevaricación urbanística y delito contra la ordenación del territorio. En el escrito de acusación, el Ministerio Público solicitaba seis años de prisión por falsedad, así como una multa de 100 euros durante 20 meses y la inhabilitación especial para un cargo público en la administración por un tiempo de seis años.
En la causa, también se acusa al ex celador de Obras municipal, Jaume Gibert, de los delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio, por los que se piden seis años de prisión e inhabilitación especial para cargo público, mientras que al ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, se le acusa de un delito de prevaricación urbanística por el que el fiscal solicita dos años de prisión e inhabilitación especial para cargo público por un periodo de diez años.
En el escrito de acusación también se imputa al letrado del Ayuntamiento, José Ignacio Mir, de un delito de prevaricación urbanística, por el que se solicita una pena de un año de prisión e inhabilitación especial para cargo público por un periodo de diez años.
Está previsto que durante el juicio testifique Gabriel Cañellas Rotger, ingeniero agrónomo e hijo del ex presidente del Govern Gabriel Cañellas, varios agentes de la Guardia Civil del Seprona, la concejal de UM en el Ayuntamiento de Andratx, Isabel Alemany, y la arquitecta Cinta Moyá, entre otras de las personas que serán citadas a declarar.
ANTECEDENTES
Según reza el escrito de acusación, el ex primer edil era propietario de la finca ubicada en la parcela 67 del polígono siete del término municipal de Andratx, que cuenta con una superficie de 3.035 m2 y que está clasificada como Área Rústica de Interés Paisajístico (zona ARIP).
Así, según el fiscal, dado el nivel de protección legal vigente y su superficie "era imposible legalmente" autorizar la construcción en dicha parcela de una vivienda unifamiliar aislada, puesto que con anterioridad "únicamente existía una alberca y una pequeña caseta de herramientas y aperos".
Según la Fiscalía, pese a esta imposibilidad legal, Hidalgo solicitó al Ayuntamiento de Andratx el 14 de febrero de 2003 una licencia de obra mayor para la ampliación de un almacén agrícola inexistente y presentó también, junto a la solicitud de licencia, un proyecto de ampliación de almacén agrícola firmado por el ingeniero agrónomo Gabriel Cañellas --también imputado en otras piezas del sumario-- en el cual se proyectaba la construcción de una nave agrícola en dicha parcela.
Así, según el Ministerio Público, el cinco de mayo de 2003 el celador municipal "previamente aleccionado y convencido por Hidalgo" emitió una certificación en el expediente municipal de concesión de licencia, "donde afirmó falsamente que existía un almacén agrícola y que tenía una antigüedad superior a los 50 años". Además, Gibert presentó junto al informe una fotografía en blanco y negro "y de mala calidad" en la que únicamente se reflejaban la alberca y la caseta de aperos.
Según el fiscal, al día siguiente, Massot, que en aquel entonces era Jefe del Área de Urbanismo, emitió un informe favorable a la licencia de ampliación solicitada "cuando ni en la fotografía incorporada al expediente, ni en el historial registral de la finca aparecía almacén o nave agrícola alguna", según el escrito de acusación.
Tras la Comisión de Gobierno Municipal donde se concedió la licencia, Hidalgo procedió a la construcción de una vivienda unifamiliar de nueva planta y un edificio destinado a cuadras en zona rústica protegida. Para realizar la construcción, la Fiscalía asegura que se demolieron por entero los restos de la caseta de aperos existente.
El Juzgado ha divido el caso en 67 piezas, relacionadas con los presuntos delitos urbanísticos, mientras que los principales acusados han declarado ya por las piezas relacionadas con la construcción presuntamente irregular de chalets plurifamiliares en el Port d'Andratx y por la construcción del restaurante del hermano del ex primer edil.
Esta es la primera pieza que quedó vista para la celebración de juicio en la Audiencia y forma parte de las 67 totales en las que se divide el sumario del caso, que dará lugar a numerosos juicios que se prolongarán seguramente durante varios años, ya que la Audiencia descartó la celebración de un macrojuicio por la causa, que permanece abierta desde noviembre de 2006.